Ayuda social directa: Lekjaa anuncia un índice basado en los ingresos

A mitad de su mandato, el Gobierno quiere que el índice que determina quién tiene derecho a la ayuda social directa dependa únicamente de los ingresos de los hogares. El ministro de Economía, Finanzas y Rendimiento Público, Fouzi Lekjaa, lo anunció el viernes 30 de octubre durante el debate del proyecto de ley de finanzas de 2027 en la Cámara de Representantes.

El ministro recordó, ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, que cuatro millones de hogares perciben actualmente esta ayuda, cuyo importe mínimo es de 500 dírhams. El Ejecutivo prevé elevar ese umbral de forma gradual: 600 dírhams el primer año, hasta llegar a los 1.000 dírhams, teniendo en cuenta la inflación y las presiones económicas.

Un índice que se revisará

El índice vigente, explicó Lekjaa, sustituyó la evaluación basada en certificados administrativos por un sistema que mide el gasto de los hogares. Ese mecanismo, sin embargo, puede dejar fuera a beneficiarios que afrontan un gasto excepcional aunque este no responda a una mejora real de sus ingresos.

Para corregirlo, el Gobierno contempla eliminar algunas variables del índice e incorporar progresivamente los ingresos a su cálculo. El nuevo enfoque deberá someterse al debate de los diputados.

Lekjaa defendió además acompañar a los hogares beneficiarios hacia el empleo, de modo que la ayuda impulse su integración económica en lugar de convertirse en un apoyo permanente. Se mostró dispuesto, si fuera necesario, a prolongar el plazo fijado por la ley que regula el dispositivo cuando se revise.

Cobertura médica y acceso a la sanidad

El ministro hizo balance también del Seguro Médico Obligatorio Básico (AMO). Según las cifras que presentó, 32,7 millones de personas están inscritas en algún régimen, el 89 % de la población, mientras que 28,6 millones, el 78 % de los habitantes, tienen derechos abiertos.

Entre los inscritos, 4,1 millones tienen sus derechos suspendidos por impago de cotizaciones, y otros 4,1 millones de personas no están afiliadas a ningún régimen. Lekjaa pidió tratar estos casos en función de la capacidad contributiva de cada uno, revisando a la vez las bases de datos y comprobando la fiabilidad de las cifras.

Más allá de la afiliación, insistió en la necesidad de garantizar un acceso real a la atención sanitaria. A su juicio, la parte de los hospitales públicos en el gasto de la cobertura médica, hoy inferior al 10 %, debería llegar al menos al 50 %, ya que las clínicas privadas absorben una proporción importante.

El ministro destacó por último el papel de los grupos sanitarios territoriales (GST), llamados a permitir que los médicos ejerzan en un marco territorial más amplio.