Vox impulsa una vía constitucional contra Sánchez por la crisis de Ceuta
El partido español Vox busca llevar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta ante el Tribunal Supremo mediante el artículo 102 de la Constitución. La iniciativa apunta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros de su gabinete por su actuación ante los movimientos masivos hacia la ciudad autónoma.
El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que su formación intentará activar este mecanismo tras los recientes acontecimientos en Ceuta. Abascal sostiene que el Gobierno pudo haber tenido información previa sobre el movimiento de personas hacia la frontera y considera que las circunstancias justifican una investigación judicial.
El dirigente de Vox también ha planteado la posible existencia de delitos relacionados con la traición y la seguridad del Estado. Sin embargo, no presentó pruebas detalladas que respalden públicamente esas acusaciones.
El procedimiento previsto por el artículo 102 establece requisitos estrictos. Cuando la acusación se refiere a traición o a un delito contra la seguridad del Estado cometido durante el ejercicio de las funciones gubernamentales, la iniciativa debe contar con el respaldo de una cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.
Vox no dispone por sí solo del número de diputados necesario. La formación ha pedido por ello el apoyo de otros grupos parlamentarios para intentar poner en marcha el procedimiento. El partido afirma que sus diputados están dispuestos a respaldar una iniciativa conjunta.
La propuesta abre un nuevo frente político para el Gobierno de Sánchez. Vox ha convertido la inmigración y el control fronterizo en uno de los principales ejes de su oposición. La formación sostiene que el Ejecutivo no ha garantizado el control de las fronteras españolas y utiliza la presión migratoria para cuestionar su política.
El episodio también vuelve a situar a Marruecos en el centro del debate político español. Vox mantiene una posición crítica hacia Rabat y ha utilizado en distintas ocasiones las cuestiones migratorias relacionadas con Ceuta y Melilla para cuestionar la política exterior del Gobierno.
La posición oficial de España sobre la relación con Marruecos es diferente. Madrid considera a Rabat un socio relevante en materia migratoria y ha destacado la cooperación bilateral contra la inmigración irregular y las redes dedicadas al tráfico de personas. Los dos países también han desarrollado programas de migración circular durante más de dos décadas.
En 2026, esa cooperación continúa en distintos ámbitos. El Gobierno español ha destacado la coordinación con las autoridades marroquíes en materia migratoria y en otros dispositivos transfronterizos.
La iniciativa de Vox sitúa así la crisis de Ceuta dentro de una disputa más amplia sobre la política migratoria de Sánchez y la relación con Marruecos. El desenlace dependerá ahora de la capacidad de Vox para obtener el respaldo parlamentario necesario para activar el procedimiento constitucional.
